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El decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año redefine el esquema de espionaje estatal, introduce cambios en seguridad, ciberinteligencia y Fuerzas Armadas, y centraliza decisiones clave dentro del organismo.
El arranque del año trajo un cambio profundo en la Secretaría de Inteligencia de Estado, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el Ejecutivo avanzó con una reforma integral del esquema de inteligencia, con el objetivo declarado de actualizar su funcionamiento, ordenar competencias y reforzar los controles internos.
La norma redefine el rol del sistema de espionaje estatal, que pierde algunas áreas operativas, pero gana poder de conducción. Desde ahora, el organismo concentra la coordinación general del sistema y amplía su influencia sobre otras dependencias, en un esquema más centralizado que el vigente hasta ahora.
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Uno de los puntos que más polémica generó es la decisión de considerar todas las actividades de inteligencia como encubiertas. Según la explicación oficial, la medida apunta a "proteger información sensible y disminuir riesgos estratégicos para el país", aunque despertó cuestionamientos por el alcance de esa definición. El decreto también habilita a los agentes a aprehender personas en casos de flagrancia o por orden judicial, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. El Gobierno sostuvo que se trata de una herramienta excepcional y acotada a situaciones específicas.
En el rediseño institucional, se disolvió la Agencia de Seguridad Nacional y se creó la Agencia Nacional de Contrainteligencia, enfocada en prevenir espionaje, sabotajes, injerencias externas y operaciones que puedan afectar el orden constitucional o los intereses estratégicos, sus acciones alcanzarán a todo el sector público nacional. En el plano tecnológico, la reforma separó funciones, la ciberseguridad quedó bajo la Jefatura de Gabinete, mediante un nuevo Centro Nacional, mientras que la ciberinteligencia pasó a depender del área de espionaje, con una agencia específica dedicada exclusivamente al ciberespacio.
Otro cambio estructural fue la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que desde ahora, quedará bajo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con la intención de evitar superposiciones y simplificar la cadena de mando. Además, el organismo pasa a conducir todo el Sistema de Inteligencia Nacional, aprobar presupuestos, incluidos los gastos reservados, y requerir información a Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Para eso, se crean dos ámbitos de coordinación que integran fuerzas, organismos financieros y áreas clave del Estado.
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Desde la Casa Rosada aseguran que la reforma busca modernizar, legitimar y transparentar el sistema, separarlo de funciones policiales y adaptarlo a las amenazas actuales, con un esquema más claro de control político y administrativo.