Martínez De Giorgi inculpó a De Vido, Baratta y López, acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público. No hubo pruebas suficientes para culpar a Ángelo Calcaterra y Jorge Rodríguez

En el marco de la causa del soterramiento del Tren Sarmiento, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó hoy al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, su ex mano derecha, Roberto Baratta, y al ex Secretario de Obras Públicas, José López, acusados de “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Los procesamientos sin prisión preventiva incluyeron embargos de ocho millones de pesos.

El magistrado dictó 26 procesamientos, 3 sobreseimientos y 21 faltas de mérito, entre ellas para el empresario ex titular de Iecsa y primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, y para Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otros.

Estas faltas de mérito implican que para el juez aún no hay certezas para procesar o sobreseer a los indagados por el supuesto delito de cohecho, es decir, sobornos. "No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita (cohecho), que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas” que se investigan, sostuvo Martínez De Giorgi sobre los empresarios.

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Dentro de la misma causa, el juez procesó por negociaciones incompatibles al detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a su ex asesor Manuel Vázquez, y en sus casos se les sumó el delito de dádivas con embargos de diez millones de pesos.

Por esta última figura quedaron procesados además Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa SA, con embargos de cinco millones de pesos.

Martínez De Giorgi investiga si existieron irregularidades en la licitación para adjudicar las obras del soterramiento del tren Sarmiento. Una de las líneas de investigación busca comprobar que los entonces funcionarios públicos direccionaron de manera irregular el proceso licitatorio para que la obra quedara en manos del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, Iecsa, Comsa y Ghella; y que a cambio, algunos de ellos habrían recibido dádivas.

Para el magistrado aún no se pudo determinar si hubo pago de sobornos, y por ello ordenó profundizar la investigación.

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